Síntesis conferencia modelo de desarrollo neoliberal extractivista, conflictos sociambientales y transición energética
Por Dr. Miller Dussan (Neiva) Sept .16/2020
El modelo de desarrollo neoliberal extractivista se impuso en América Latina a partir de la década de los 70 con las dictaduras militares y parte de considerar que el crecimiento económico depende fundamentalmente de la extracción intensiva de los Bienes Naturales Comunes para la exportación, es decir, proveer de bienes primarios o básico -los comodities- (minerales, petróleo, agro negocios, biodiversidad natural y genética) según las demandas del mercado global.
El modelo ha sido un fracaso debido a la desaceleración económica incrementada por la caída de los precios del petróleo y la pandemia del Covid-19. Nunca ha sido producto de la discusión ni la participación de los diferentes actores de la sociedad. Se impone de través de los Planes de Desarrollo que incorporan la política minero energética y los agro negocios que se desarrolla a través de una legislación para el despojo cuya consecuencia es el desplazamiento forzado, la represión y judicialización de las protestas sociales, el asesinato de líderes sociales ante los múltiples conflictos socio ambientales y culturales generados por los megaproyectos. La oposición a este modelo se expresa en las resistencias sociales como manifestación organizada y argumentada de “víctimas del desarrollo” por la Defensa del Territorio y la Vida.
El modelo garantiza las mejores condiciones de inversión y control de nuestros territorios por parte de empresas transnacionales como cargo por confiabilidad, exenciones tributarias, flexibilización laboral, zonas francas, entre otras.
Guillermo Rudas aseveró que en los ocho años que gobernó el ex presidente Uribe, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones debido al auge en el precio del oro y por las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos y que el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año.
Colombia ha sido un destino privilegiado de la inversión extranjera debido a que representa el segundo país del planeta en biodiversidad natural y genética pero también ocupa el segundo lugar de los conflictos socio ambientales generados por el extractivismo.
En el caso particular del Huila, se contempla la imposición de 7 nuevos Proyectos Hidroeléctricos: Guarapas, Chillurco, Oporapa, Pericongo, Manso, Veraguas, 11 áreas para producción petrolera incluido el bloque VSM 16 para fracking y zonas para la minería a gran escala que han sido suspendidos temporalmente por los procesos de resistencia orientados por Asoquimbo.
Lo anterior implica el desplazamiento de comunidades por el Estado; la destrucción de los ecosistemas (Macizo Colombiano, Páramo de Miraflores, Páramo de San Turban, la Colosa), y de los recursos hídricos; la destrucción de las cadenas productivas y de la seguridad alimentaria incrementando los índices de desempleo, entre otros.
En las zonas donde se instalan y operan los megaproyectos de carácter extractivo, suelen observarse fuertes procesos de militarización, bajo el supuesto de proteger y asegurar las inversiones. A modo de ilustración, hoy se registran las masacres como la del Aro en la región de HidroItuango, o la creación del Batallón Especial Energético Vial N° 12 ubicado en la inspección de la Jagua, Huila.
La expansión del Covid-19 y la crisis climática han desnudado la hegemonía del neoliberalismo y la magnitud de la actual crisis del capitalismo y de la civilización. Sin embargo, para sectores del capital hay que profundizar el modelo acelerando la virtualización del mundo como punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital con la imposición de un nuevo régimen social basado en el miedo y aislamiento, de mayor desigualdad que suprima toda libertad que nos puede conducir a un fascismo tecnológico de control absoluto de la vida (normalidad capitalista) donde se impone una reingeniería social a gran escala derivada del Covid-19 que implica la convergencia de conocimientos científicos y técnicos de última generación (genoma humano, nanotecnología, conexión 5 G, inteligencia artificial, big data, robótica, neuronas digitales, biología digital) al servicio de la necropolítica.
Una salida a la crisis es la reestructuración del capital profundizada a partir de la debacle económica desde el 2008 y la inocultable destrucción de la naturaleza para lo cual se propone el Green New Deal. Se trata de posibles reformas ecologizadoras con estrategias de eco eficiencia, es decir, “desacoplar” el crecimiento económico de la sobreexplotación del planeta y sus recursos naturales. Incluye la des carbonización del planeta, para lo cual se optó por el acuerdo logrado en la Cumbre de París del 2015 o COP 21.
Una propuesta alternativa es el “decrecimiento económico” que según sectores ecosociales parte de considerar que “lo que está en crisis es nuestra civilización, o sea, la forma de producir, consumir y vivir que el capitalismo industrialista ha configurado durante varios siglos. La razón de fondo es el carácter expansivo inherente al capitalismo, ese avance que combina fases de crecimiento insostenible y períodos de “destrucción creativa” insoportable”. (Riechmann Jorge)
Frente al crecimiento ilimitado de la producción y del consumo, calculados mediante indicadores macroeconómicos parciales, como el Producto Interno Bruto, sin que para esto se tenga en cuenta la sostenibilidad de la vida, se viene consolidando la teoría del decrecimiento que surgió desde 1971 con el estudio de Nicholas Georgescu-Roegen (The Éntropy law and the Économic Process, 1971), hasta los límites del crecimiento, en el 2012. Georgescu-Roegen plantea la imposibilidad de un crecimiento infinito en un mundo finito y la necesidad de sustituir la ciencia económica tradicional por una bioeconomía, en la que esta economía se situara en el seno de la biosfera. El último de los informes señala, mediante el indicador de la huella ecológica, las consecuencias generadas por la demanda socioeconómica de las últimas décadas para urbanizar y para minimizar el aumento de la entropía, a través de bosques que absorban el CO² generado por nuestro consumo.
La propuesta es desmercantilizar y democratizar. Es decir, avanzar hacia una sociedad donde las grandes decisiones sobre producción y consumo sean tomadas democráticamente por el conjunto de los ciudadanos, de acuerdo con criterios sociales y ecológicos que se sitúen más allá de la competencia mercantil y la búsqueda de beneficios privados. En ese sentido, hay que acabar con la obsolescencia programada.
Implica un programa de transición con múltiples reformas como las planteadas por Riechmann que resumimos en i) Reforma ecológica de la Contabilidad Nacional, para disponer de indicadores adecuados que permitan evaluar la economía en su comportamiento biofísico. 2) Reforma fiscal ecológica, que imponga un fuerte eco impuesto sobre los combustibles fósiles. 3) Un “nuevo contrato fiscal” que globalmente aumentaría la tributación de las rentas altas y del capital, y pondría más recursos en el sector público (y desde luego eliminaría los paraísos fiscales). 4) Reducción del tiempo de trabajo, buscando las condiciones para que esta medida se traduzca en nuevo empleo, rebajar menos (solidaridad social) y consumir menos bienes destructores de recursos escasos (solidaridad internacional e intergeneracional) para trabajar todos y consumir de otra forma, entre otros.
Cabe resaltar que a nivel de América Latina como respuesta al Green New Deal surge el Pacto Ecosocial del Sur que busca “contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que surgen en medio de la crisis del COVID-19”, conjugando la justicia social, de género, étnica y ecológica.
