– Por Liberio Salazar Trujillo

Esta semana que pasó se generó una interesante cantidad  de noticias sobre lo que podría estar sucediendo en EPM (Empresas Públicas de Medellín) por una decisión de su actual alcalde, tomada sin aparente permiso de su junta directiva. Algunos titulares alarmaron con   “La pedevización de GEB y EPM?” ( en el medio El Expediente) o “5 mil millones de USD podría costarle a EPM la demanda de alcalde de Medellín” (Panam Post). Algunos exalcaldes también señalaron “Está en riesgo la confianza en EPM” (Sergio Fajardo en El Espectador) o trinaron “EPM y Medellín están en peligro” (Federico Gutiérrez).

Esa serie de titulares y noticias hizo pensar que la situación de EPM podría ser de un altísimo nivel de corrupción, o en que el nuevo alcalde de Medellín podría haber decidido regalar el agua o la energía (en una medida populista como la que llevó a la quiebra la empresa del petróleos en Venezuela, PDVSA), afectando las finanzas de EPM, o entregar la empresa, mediante contratos leoninos y corruptos, haciéndola inviable a futuro, al estilo Chávez y Maduro, utilizando la palabra “Pedevización” para señalar el “peligro” o “riesgo” inminente.

Pero es realmente eso lo que está sucediendo ? O serán titulares efectistas para hacer mirar hacia otro lado la verdadera razón de lo acontecido? Recordemos que en el año 2010, la Sociedad Hidroituango (52% propiedad de la Gobernación de Antioquia y 46% de propiedad de EPM, más un 2% de otros accionistas minoritarios) suscribió con EPM un contrato para la construcción la obra más grande de infraestructura que actualmente se ejecuta en Colombia, por el cual EPM se obliga a efectuar las inversiones necesarias para la financiación, construcción, operación, mantenimiento y entrada en operación de la central hidroeléctrica y transferirla de nuevo a la Sociedad luego de 50 años. Esta misma Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. hace cerca de dos años inició un proceso legal contra EPM por los incumplimientos en el contrato, derivados de la emergencia originada en abril del  2018 por el derrumbe de un túnel de desviación de las aguas del río Cauca cuando ya habían sido sellados otros dos, lo que hizo que aumentara el nivel del embalse sin que la presa estuviera terminada y llegado a la cota máxima del vertedero, generando un riesgo de enormes proporciones que afectaría a decenas de habitantes de municipios aguas abajo del proyecto. Pero además esta situación generó traumatismos en la entrega de la obra, inicialmente programada para diciembre del año 2018 y que ahora solo empezaría a generar energía a partir del año 2021 (o 2022 ?), y con apenas la mitad de la capacidad original de generación (4 de 8 turbinas). Por estos hechos, de acuerdo con expertos, la inversión que en sus primeros cálculos tenía un costo cercano a los siete billones de pesos, pasó a costar casi 12 billones y hoy, en medio de la crisis, la cifra ya bordea los 16 billones, citan algunos medios, es decir con un sobrecosto y/o lucro cesante de 9 billones (9 millones de millones de pesos). “Si se declara un incumplimiento grave e insalvable para la entrada en operación del proyecto, serían ejecutadas las garantías y EPM tendría que pagar cifras billonarias por no responder ante los compromisos en suministro de energía contraídos en firme, pero además dejaría de facturar la energía no generada”, establece un artículo de El Espectador.

Entonces la verdadera pregunta alarma debería  ser sobre quién va a “pagar” ese sobrecosto de la obra y ese lucro cesante, o quien asumirá ese impacto financiero en un negocio cuyo costo termina duplicándose y que inicia a producir ingresos tres años después de lo proyectado? 1) El dueño (la Sociedad Hidroituango)?; 2) Las aseguradoras? 3) EPM? 4) Los contratistas de EPM que hicieron diseños, construcción e interventoría? 5) Una combinación de algunos o todos los anteriores?

Para el nuevo alcalde y el nuevo gerente, quien debe asumir ese sobrecosto y ese lucro cesante no debería ser  EPM sino los contratistas del diseño, construcción, interventoría de la obra y las aseguradoras. Por esto el pasado 10 de agosto EPM presentó ante la Procuraduría una solicitud de conciliación con los tres consorcios encargados del diseño, construcción e interventoría y las aseguradoras del proyecto Hidroituango, señalando  que son éstas las empresas responsables por el incumplimiento de los cronogramas de obra y el sobre costo y el lucro cesante. “La prueba principal es un estudio que realizó Skava, experta en túneles hidráulicos, por orden de la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA), cuya conclusión fue que no hubo causas naturales que provocaran el derrumbe del túnel por fallas geológicas ni elementos sobrevinientes como rocas o troncos, sino que se trató de errores en el diseño y la construcción al no revestir de forma adecuada la construcción”, dice Semana en un artículo de la última edición. Para el vicepresidente Jurídico y el Gerente de EPM, “por estas razones los diseñadores, constructores e interventores del proyecto deben responder solidariamente en todos los procesos administrativos (Contraloría, ANLA, demanda de la Gobernación y CREG en su contra) y pagar por las indemnizaciones que hizo EPM a quienes fueron evacuados por la emergencia.”. De lograrse un acuerdo, éste será sometido a una aprobación judicial; en caso contrario, EPM deberá presentar una demanda ante los jueces administrativos, explicó el órgano de control.

Entonces cuál es la molestia de la junta directiva? EPM se había caracterizado por la calidad y eficiencia de sus obras, pero esta situación empezó a revivir dificultades que tuvieron otros proyectos. Por ejemplo, con la central hidroeléctrica Bonyic, en Panamá, donde Conconcreto e Integral ( dos de las empresas contratistas ) también aparecen en los mismos roles que tuvieron en Hidroituango, que dejó pérdidas por 150 millones de dólares, la junta directiva que acabó de renunciar tenía cuatro miembros del año 2015 a quienes se les presentó un análisis jurídico para empezar acciones pero decidieron no hacerlo por ser “empresas aliadas de EPM”. Pero además el binomio Conconcreto e Integral también dejó pérdidas cercanas al billón de pesos en el proyecto Porce III, instalado en el noroeste antioqueño.” (Tomado de Semana y El Espectador). Pareciera entonces que algunos miembros de la junta anterior que renunció tienen antecedentes de no actuar por el bien de los intereses de la empresa y del dinero público, sino en beneficio de sus contratistas. 

El alcalde Quintero acaba de nombrar una nueva junta con un expresidente de la Corte Constitucional, la actual gerente de la revista Semana, un exgerente de Isagén, un  exdirector del Departamento Nacional de Planeación, un exalcalde de Medellín. Serán estos perfiles también parte de la “Pedevización”?

Y el alto ruido mediático en contra del actual alcalde porqué será? Por la orientación ideológica del actual alcalde? Porque no le hizo campaña al actual Presidente? Porque le ganó al candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Medellín? Porque estaría afectando intereses privados de unos pocos  por defender intereses públicos de todos los medellinenses? Todas las anteriores? Saquen sus propias conclusiones.